lunes, 23 de septiembre de 2013

Precariedad Laboral – La receta neoliberal para salir de la crisis

Un buen día en el futuro el Gobierno, los actores sociales (sobre todo los empresarios) y los medios de comunicación decidirán que la crisis ha terminado. Lo harán basándose en los datos del paro de ese momento, más bajos que los actuales. Dirán que se ha creado de nuevo empleo y que la maquinaria económica vuelve a tirar porque la gente podrá volver a consumir. La rueda volverá a moverse, pero, ¿a qué precio? Y ¿qué tipo de empleo nos espera?.



El pasado 3 de septiembre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicó los datos del paro registrado del mes de agosto de 2013: Por primera vez en 13 años bajó el desempleo en ese mes – ¡aunque sólo en 31 personas a nivel nacional! -, siguiendo una tendencia que también se dio en julio. El paro está bajando. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2013, la tasa de paro es ya del 26,26%, con casi 6 millones de desempleados, más de 200.000 menos que en el primer trimestre del año.
El Gobierno de Mariano Rajoy no esconde su entusiasmo. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, insistió repetidas veces en rueda de prensa que se trata del “mejor mes de agosto desde el año 2000”. “Todos los meses han sido mejores que los meses del año 2012 y si las cosas siguen así, al final el año que viene tendrá un comportamiento mejor en términos de desempleo”, aseguró. El paro baja en España, pero, como matizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de julio, se trata exclusivamente por las contrataciones temporales propias del turismo y de los trabajos agrícolas, el llamado “efecto verano”. Así pues, ¿qué trabajo se está creando?
Según los mismos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de los 1.043.166 contratos de trabajo firmados en agosto, sólo 62.454 lo fueron por tiempo indefinido. O dicho de otra manera, 980.712 contratos firmados fueron temporales, de ellos 343.565 temporales a tiempo parcial, es decir, los más precarios de los precarios. El pasado mes de julio fue parecido: De los 1.507.341 contratos firmados en ese mes, sólo 96.338 fueron a indefinidos, y el resto, 1.411.003, lo fueron temporales.
Los sindicatos advierten sobre los efectos reales de estos datos en el mercado laboral. Se está creando empleo, pero al precio de empeorar drásticamente las condiciones de trabajo. En un comunicado publicado a finales de julio para valorar los datos de la EPA del segundo trimestre, UGT mostró su “preocupación por la fuerte reducción de la población activa que se está produciendo (349.100 personas en el último año), lo que a medio plazo supondrá una pérdida en la capacidad productiva de nuestro país; y porque el empleo que se crea es íntegramente temporal, destruyéndose de manera masiva empleo indefinido (se han perdido 434.900, en el último año)”. Asimismo, el sindicato destacó que “todo el empleo que se está destruyendo es a tiempo completo, que se está transformando parte del que se mantiene en empleo a tiempo parcial y que se está consolidando el porcentaje de desempleo de larga duración (solo 3.500 personas salieron del paro de larga duración en el segundo trimestre de 2013)”.
La crisis está empezando a entrar en su siguiente fase. De la destrucción masiva de empleo se está pasando a la creación –lenta e insegura- de puestos de trabajo. Pero se trata de empleo precario y temporal, con condiciones mucho peores para los trabajadores. La mayoría han perdido poder adquisitivo al rebajarse sus sueldos, también entre los que no han perdido sus empleos, y trabajan más horas que antes. Horas extras sin cobrar, sueldos mínimos, trabajo gratis, explotación laboral. Un reportaje del diario El País publicado el pasado 25 de agosto contaba la historia de una camarera de 42 años que había encontrado un empleo tras medio año en el paro. Cobraba 500 euros al mes y triplicaba las 20 horas semanales estipuladas en su contrato.
Sólo es uno de miles de casos de explotación en los que el Estatuto de los Trabajadores es simplemente ignorado. Semanas seguidas trabajando sin librar con contratos a tiempo parcial (y sueldos a tiempo parcial). También se han multiplicado los contratos por obra y servicio, en los que el trabajador sólo cobra por servicio prestado. Es decir, si cae enfermo no cobra.

Todo esto lo ha hecho posible la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en febrero de 2012, que permite lo que los empresarios llaman “flexibilizar” el mercado de trabajo. Se facilita el despido rebajando sustancialmente (o incluso eliminando) las indemnizaciones y se permite la contratación temporal casi sin restricciones. Se ha creado así un contexto perfecto a la medida de las necesidades de la patronal y del empresariado con la excusa de que hay que crear empleo a toda costa, aunque sea destruyendo los derechos de los trabajadores, que viven atemorizados por la amenaza constante a perder su empleo, o por el terror que implica no encontrar uno.
Trabajar por menos
Este miedo hace que también se acepte trabajar por menos. De acuerdo con los datos del INE, entre 2010 y 2012, los costes laborales unitarios han caído casi un 7%. En lo referido al coste laboral total por trabajador y mes, en el cuarto trimestre del año pasado bajó el 3,2%. Y entre enero y marzo de 2013 se ha reducido un 1,4% hasta los 2.480,22 euros.  Por su parte, el Banco de España en su boletín económico de julio-agosto, subraya que en términos de los indicadores más amplios de coste laboral, ha habido una “notable moderación salarial”. Finalmente, según los datos de Eurostat, el coste laboral en España es uno de los que más ha bajado, con Portugal e Irlanda, de Europa. En concreto ha caído 5,1 puntos entre 2010 y 2012, frente al incremento de 4,8 puntos de la UE-27.
Esto ha provocado un incremento muy notable de las diferencias sociales.Según un estudio de la Fundación 1º de Mayo (ligada al sindicato CCOO) publicado a principios de junio, se denuncia que España es el segundo país de la Unión Europea que presenta mayores desigualdades sociales, sólo superada por Letonia. Según datos de Eurostat (la agencia de estadística europea), el índice de la desigualdad (el índice de Gini)aumentó en España 2,1 puntos (del 31,8% al 33,9%) entre 2005 y 2010, mientras que la media de la Unión se redujo en una décima pasando del 30,6% al 30,5%. Esta diferencia está vinculada a la evolución de la desigualdad de los ingresos. Según estos datos, en España la relación entre el 20% de la población que más ingresa y el 20% que menos ingresa ha variado de un índice de 5,5 al 6,9 entre 2005 y 2010, mientras que en el resto de la UE ha permanecido en el 5. 
Traducido al mundo real, un empleado español con un suelo medio necesita trabajar ininterrumpidamente siete días para ganar lo mismo que recibe el director general de su empresa en sólo una hora, según un estudio publicado por la revista The Economist también el pasado mes de junio. Y si el empleado se encuentra en el tramo de salarios más bajos, la diferencia se dispara: tendrá que emplearse a fondo durante tres semanas seguidas para ingresar la cantidad que recibe su máximo jefe en apenas sesenta minutos.
Sin embargo, y a pesar de que han bajado los costes laborales (véase los sueldos) en los últimos años y se ha “flexibilizado” el mercado de trabajo (véase la reforma laboral), el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a España a principios del pasado mes de agosto mayores esfuerzos, con una bajada adicional de los sueldos del 10% y una subida del IVA. Esta receta fue secundada con entusiasmo por el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, que en su blog personal llegó a advertir incluso que “aquellos actores que lo rechacen frontalmente cargarían sobre sus hombros con la enorme responsabilidad de los costes sociales y humanos”. ¿Por qué piden el FMI y Ollie Rehn que sigan bajando los sueldos y además se suban los impuestos?
La receta neoliberal para salir de la crisis
Muchos expertos y economistas han escrito kilómetros de líneas sobre los orígenes de la crisis y de las maneras que hay para combatirla. José V. Sevilla, ex Secretario de Estado de Hacienda en el primer gobierno socialista en 1982, cuenta en su libro “El declive de la socialdemocracia” que hay dos maneras de combatir la crisis. Resumiendo, viene a decir que se puede invertir en modernizar las empresas para mejorar su valor añadido y su competitividad, o se puede rebajar sus costes de producción para que puedan ser más competitivas, tocando fundamentalmente los sueldos de los trabajadores a la baja.

La primera opción es más segura en sus resultados, es la que, por ejemplo, se llevó a cabo en Alemania en los últimos años 90 y principios de la década del 2000. Así las empresas alemanas mantuvieron su liderazgo mundial en exportaciones, lo que le permite a Alemania hoy seguir siendo el gigante económico europeo, aunque también se tocaron bastante los sueldos y los derechos laborales para bajar los costes de producción. El inconveniente de esta vía es que es lenta y hace falta capital para invertir.
En España se ha escogido la segunda vía. Los bancos –profundamente afectados por la crisis del ladrillo- no tienen dinero que prestar, a pesar de los miles de millones de euros de dinero público. Y también porque la bajada de costes de producción tiene unos efectos más rápidos en el tiempo, pero a costa de mantener a las empresas anticuadas y con el único factor competitivo en el precio, y no en la calidad del producto, lo que a la larga provocará otra vez su desfase y falta de competitividad en el mercado internacional. Un ejemplo de esta tendencia cortoplacista: España se encuentra hoy en el puesto número 18 de Europa en inversión I+D+I con un 0,8% del PIB, lejos del 2% que gasta la media de la Unión Europea.
Para poder llevar a cabo la bajada de los costes de producción hacen falta una serie de factores fundamentales, entre los que destacan el apoyo político e ideológico a este camino, en este caso del Gobierno del Partido Popular, que ha diseñado y puesto en funcionamiento una reforma laboral que crea un marco legal que precisamente permite la bajada de los sueldos y el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores. Así se bajan los costes mientras se aumentan las horas de producción. Es decir, se produce más por menos, o lo que es lo mismo, se trabaja más por menos.
Sin embargo, para poder aplicar este empeoramiento de las condiciones de trabajo, es fundamental haber debilitado previamente la posición de los sindicatos. Esta es una labor que los neoliberales y la derecha política han ido llevando a cabo en los últimos años con notable éxito social dañando la imagen de los sindicatos entre los trabajadores. Así, desde que comenzó la crisis en 2008, en España hay medio millón menos de afiliados a la UGT y a CC OO. Según un informe de la “Fundación 1 de Mayo” de CCOO fechado en mayo de 2012, en España sólo el 19% de los trabajadores está afiliado a algún sindicato. De cara al futuro el horizonte parece todavía más negro, ya que entre los jóvenes menores de 30 años la afiliación es de menos del 10%, mientras que se mantiene en cotas también bajas de entorno al 20% entre los mayores de 45 años.
A los sindicatos débiles se suma una tasa de paro muy alta, de más del 26%, lo que pone en ventaja al empresario a la hora de elegir a los trabajadores e imponer las condiciones. El enorme número de parados interesa a la patronal. Es lo que Karl Marx denominó en “El Capital” como el “ejército de reserva” de trabajadores siempre disponibles y sumisos a las condiciones de los patronos, lo que mantiene los sueldos bajos y las condiciones de trabajo precarias, es decir, los costes de producción bajos. Este es el camino elegido para sacar a España de la crisis y el señalado por el FMI.
La guerra contra la socialdemocracia
No es casualidad que se haya elegido este camino. Desde los años 80 los neoliberales y la derecha política llevan desempeñando una lucha sin cuartel contra el modelo socialdemócrata que imperaba en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y gracias al cual se consiguió el crecimiento económico y la mejora del nivel de vida más espectacular en la historia del continente. Esa mejora del nivel de vida benefició sobre todo a la clase trabajadora, ya que el crecimiento se gestionó basándose en criterios redistributivos de la riqueza.
Esa redistribución se realizó creando el Estado del Bienestar, que proporcionaba servicios públicos a toda la población, ya sea fomentando la igualdad de oportunidades mediante una educación pública o la igualdad en la atención en la sanidad. Pero sobre todo, el Estado del Bienestar proporcionaba por primera vez a todos los ciudadanos un sistema de pensiones públicos que hacía posible el concepto de jubilación, y una seguridad de cara al desempleo mediante un sistema de prestaciones. 
Este entramado social se financiaba vía impuestos, y aquí era donde radicaba esencialmente el concepto de redistribución de la renta. La base del sistema socialdemócrata está en un sistema fiscal basado en la proporcionalidad de la renta, es decir, se paga en función de la riqueza de cada cual. Ese principio lleva siendo golpeado por los neoliberales desde hace más de 30 años. Ellos defienden la recaudación a través de impuestos indirectos, por ejemplo el IVA, una tasa fija que se pone sobre el precio de un producto. Todos sus consumidores lo pagan igual, sean ricos o pobres. Un millonario paga el mismo IVA que un desempleado de larga duración, por ejemplo.
El FMI o la Comisión Europea, baluartes del neoliberalismo, defienden siempre la subida del IVA y no del IRPF. Así es como se explica que el FMI pida la subida de este impuesto mientras a la vez pide la bajada del 10% de los sueldos: Para compensar los ingresos fiscales que el Estado deja de percibir vía IRPF, ya que si los contribuyentes cobran menos sueldo, pagan menos IRPF.
Por lo tanto, se va eliminando el concepto de redistribución socialdemócrata vía impuestos que se sustituye por el auge de los impuestos indirectos y tasas que pagan todos por igual aprovechando la debilidad (ideológica y política) de los partidos socialistas, lo que también tiene consecuencias fundamentales en la financiación de los servicios públicos y del Estado del Bienestar.
El catedrático de Sociología Ignacio Sotelo explica en su libro “El Estado Social” que el Estado del Bienestar sólo se puede financiar con el pleno empleo. Las pensiones, las prestaciones de los parados, la sanidad, la educación, etc…, necesitan dinero y ese llega vía impuestos. Con una tasa de paro alta los desempleados pagan menos impuestos y se convierten en receptores de dinero público. El sistema público cuenta con menos medios y más demanda, y acaba por sufrir las consecuencias. En España el 26% de parados está sirviendo al PP como excusa para pasar a la privatización de los servicios públicos, como la sanidad en Madrid, o para empezar a reformar el sistema de pensiones que algunos “expertos” ya están señalando como “insostenible”. También está sirviendo de excusa para debilitar a los sindicatos y eliminar así derechos laborales y bajar los salarios.
Es decir, la alta tasa de paro sirve para legitimar el marco legal necesario que permite a la derecha neoliberal desmantelar el sistema de protección social de origen socialdemócrata, y a los grandes empresarios aumentar sus beneficios a costa de sus trabajadores. Por lo tanto, en el futuro y si no se remedia, cuando los efectos de la crisis vayan disminuyendo en intensidad, seguramente se mantendrá una tasa de paro alta durante años. Será una cifra que permita a la economía funcionar de nuevo y reactivar el consumo, pero a la vez mantener la tensión entre los trabajadores, que ante el miedo al desempleo aceptarán un mercado laboral precarizado de sueldos bajos y largas horas de trabajo para mantener la competitividad de a sus empresas y los beneficios altos de sus jefes.  

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